El comienzo de la historia de amor entre los españoles y su Constitución. Los partidos ofician la ceremonia de unión

Gran parte del sistema democrático español se encuentra diseñado en la vigente Constitución de 1978 y es producto de una coyuntura histórica complicada. Las personas que la redactaron y la sociedad que la aprobó hace más de 30 años se enfrentaban a unos problemas y unos miedos muy importantes, pero también muy distintos a los de hoy. Esa historia marcó su redacción y ha condicionado nuestro desarrollo político.

En el año 1978 España estaba saliendo de una dictadura de casi cuarenta años nacida de una guerra civil. El miedo fundamental de entonces era que hubiera un enfrentamiento social o una involución política. Ese miedo hizo que los políticos intentasen buscar siempre el consenso en la redacción de los artículos de la nueva Constitución y, por eso, en ella conviven la gran ambigüedad de unos preceptos con la pormenorizada redacción de otros. La consecuencia de ese tiempo y de ese consenso es el sistema de democracia que tenemos hoy con una débil, en algunos casos casi nula, división de poderes y un predominio del poder Legislativo sobre los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial.

En esencia, el sistema bascula en torno a los partidos políticos frente al escaso poder político de los ciudadanos individuales como tales. Tal es la importancia que se les da a los partidos políticos que fueron incluidos en el Título Preliminar de la Constitución, en su artículo 6, justo después de las banderas y de la capital del Estado y seguidos de los sindicatos (objeto de especial protección también) y las fuerzas armadas. En la Constitución se diseñó un sistema en el que la participación política se canalizaba a través de los partidos y se restringía la iniciativa política ciudadana fuera de los mismos. El miedo a plebiscitos populistas hizo desaparecer del proyecto definitivo de la Constitución la posibilidad del referéndum legislativo, haciendo de la Constitución de 1978 una de las más restrictivas del mundo en materia de iniciativa legislativa ciudadana.

Ese miedo a una involución o a un nuevo enfrentamiento entre los españoles pronto se demostró infundado. La mejor y mayor prueba de que la democracia había arraigado en la sociedad española se vivió en los días siguientes al fracasado intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los españoles no tenían ninguna intención de volver a una dictadura fascista ni de enfrentarse de nuevo entre ellos. Manifestaciones de millones de personas recorrieron nuestro territorio en defensa de la democracia y respaldando a sus políticos.

Podríamos decir que fue la primera vez que la sociedad española se identificó con los políticos que la representaban. Claro está que estos políticos españoles de la Transición ya antes habían demostrado estar a la altura de lo que la sociedad española esperaba de ellos y fueron capaces de suscribir, en 1977, unos acuerdos políticos sin precedentes en Europa, los denominados Pactos de la Moncloa, que estabilizaron la transición a un sistema democrático y sentaron las bases para la recuperación económica en una situación de crisis económica mundial provocada por los famosos shocks del petróleo.

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En los años siguientes los ciudadanos se mostraron contentos con el importantísimo cambio que había supuesto pasar de una dictadura a un sistema democrático. El hecho de que la democracia representativa pura y dura hubiese sido diseñada sin ningún resquicio para el ejercicio de la democracia directa no parecía suponer ningún obstáculo importante en esos momentos. Los principales retos eran la integración europea, entendida por los ciudadanos como el mecanismo definitivo de anclaje de España a la democracia, el desarrollo del Estado del Bienestar y el del Estado de las Autonomías.

La fortaleza de los partidos políticos y, por ende, de los que los controlan, comúnmente denominados el aparato del partido, fue aumentando al amparo de una ley electoral intocable, que impuso un sistema electoral totalmente controlado por ellos, con listas cerradas y bloqueadas, donde los partidos eligen tanto a los candidatos a Diputados como el orden en el que aparecen en la lista, asegurándose de esta forma que los ciudadanos solo puedan decidir al partido que votan.

A pesar de ir contra la capacidad de acción política del propio ciudadano, los éxitos de la transición, el desarrollo del Estado del Bienestar, la construcción del Estado de la Autonomías y la integración europea, decantaron la opinión de los ciudadanos a favor de los partidos. De hecho, hasta el día de hoy para la mayoría de los ciudadanos cualquier discrepancia de un representante político con el partido en cuya lista fue incluido para concurrir a las elecciones es considerada socialmente como una “herejía” y el abandono por parte del representante electo de la militancia en ese partido sin renunciar al escaño que le han otorgado los ciudadanos con sus votos es una especie de traición a la democracia.

Es evidente que esta preponderancia de los partidos no podía redundar en el avance en la separación real y efectiva de los poderes del Estado, ni por supuesto en el incremento del papel de los ciudadanos en la política. De hecho en el año 1984 la ley Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular excluye no solo las materias que lo están expresamente en la Constitución, sino muchísimas más, porque así lo consideran conveniente los partidos.

Estas cuestiones pasaron desapercibidas para la mayoría de la ciudadanía en aquellos momentos. Éramos una democracia joven que estaba en construcción, había demasiadas cosas que hacer y esto no parecía algo importante.

El hecho de haber dejado descansar todo el peso de la acción política en los partidos, aderezado además por los casos de corrupción que se produjeron desde muy pronto en nuestra democracia, ha ido produciendo desinterés político y la percepción cada vez mayor de que los ciudadanos carecen de influencia en la acción de Gobierno.

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A finales de los noventa y primeros del nuevo siglo la sociedad española presentaba un perfil totalmente distinto a la de veinte años antes. Atrás habían quedado los años de lucha por conseguir vivir en una democracia. Europa y las conquistas sociales ya formaban parte del “patrimonio” de todos los ciudadanos. Además, se había producido la alternancia en el poder entre los dos partidos mayoritarios sin traumas ni fracturas sociales.

También los representantes políticos habían cambiado. En los partidos, los líderes políticos vocacionales de la transición fueron sustituidos y los partidos se convirtieron en grandes maquinarias apoyadas en las instituciones gobernadas, cuya dinámica de funcionamiento poco tenía que ver con la de años anteriores. La política empezó a ser considerada una profesión a la que dedicarse toda la vida por parte de muchas personas que ingresaban en los partidos mayoritarios.

Fue en estos tiempos cuando empezaron a manifestarse los primeros síntomas de la desconexión entre los ciudadanos y los políticos. En diciembre de 1998, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una encuesta con motivo de los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución. En ella dos tercios de los ciudadanos encuestados consideraban que “los intereses que persiguen los partidos tienen poco que ver con los de la sociedad”, y sobre el 80% creían que los mayores motivos de preocupación de los Diputados eran “sus propios intereses” y “los intereses de su partido”. Esa desconexión ha ido en aumento y ahora es absolutamente patente.

Una de las mayores demostraciones del escaso poder democrático de los ciudadanos ha quedado patente con las sucesivas reformas legislativas motivadas por los ajustes presupuestarios realizados a partir de mayo de 2010. Sin que los recortes sociales figurasen en ningún programa electoral y simplemente con el objetivo de “apaciguar los mercados” se han aprobado a propuesta de los sucesivos Gobiernos reformas contrarias a los deseos de los ciudadanos que han mermado sensiblemente sus derechos, llegando incluso a aprobarse una reforma de la Constitución sin contar para nada con los ciudadanos. Ello ha evidenciado que el poder no reside en el pueblo y que el sistema permite que los mercados estén por encima de los ciudadanos.

Todos estos problemas han hecho que los ciudadanos empiecen a darse cuenta de hasta qué punto el sistema democrático diseñado treinta años antes carece de controles. La realidad política actual nos muestra unos partidos políticos agazapados en una legislación hecha por y para ellos, que los convierte en la única representación posible de la voluntad ciudadana.

Frente a esos partidos están unos ciudadanos angustiados por un presente y un futuro bastante negro, que han dejado de confiar definitivamente en ellos y que perciben que no existen herramientas en nuestra democracia para controlar a los políticos que les representan aunque actúen en contra de los intereses de sus votantes.

En España, por el momento, estos ciudadanos, cansados e indignados, han reaccionado de una forma distinta al resto de Europa. Así, mientras muchos europeos tomaron el camino del hartazgo y han preferido dejarse seducir por los planteamientos de la extrema derecha, en España muchísimos ciudadanos se movilizaron en sentido contrario: para pedir más democracia. Decidieron que querían cambiar un sistema democrático defectuoso que impide a los ciudadanos intervenir directamente en las decisiones políticas y económicas del país.

Todo comenzó con el Movimiento 15-M. Con independencia de que se asuman todas sus opiniones o solo una parte e incluso aunque no se compartan en absoluto, lo que nunca se podrá negar desde la perspectiva de cualquier persona que se considere demócrata es que desde el Movimiento 15-M ha emergido un pensamiento democráticamente impecable: la necesidad de que nuestro sistema democrático evolucione hacia una democracia participativa, hacia un aumento de la calidad democrática. Su objetivo es curar los males de una democracia ineficaz con más democracia, un pensamiento en sí mismo revolucionario por lo que tiene de ir contra el pensamiento y el poder establecido, pero en ningún caso desestabilizador de la democracia misma.

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No se trata de empezar a teorizar sobre el concepto de democracia, porque cualquier persona sin haber leído absolutamente nada de teoría política, ni preocuparle lo más mínimo, sabe que lo que define realmente a una democracia frente a cualquier otra forma de gobierno es el hecho de que el poder es de los ciudadanos. Son todos los ciudadanos los que tienen el derecho de decidir por mayoría, en cada momento histórico, la forma de organización, gestión y control de ese poder. Una mayoría que por el hecho de serlo temporalmente no tendrá necesariamente la razón de fondo, pero a la que sí le otorgamos la capacidad de “imponer por la fuerza de los números” sus razones, convirtiéndolas en normas de convivencia en un período de tiempo determinado.

Pues bien, si el poder es de los ciudadanos ¿por qué no usarlo para rediseñar el sistema democrático?

Necesitamos encontrar la manera de dividir realmente el poder del Estado y controlar que el funcionamiento de los poderes resultantes sea totalmente autónomo, encontrar la fórmula mejor para elegir a nuestros representantes en todos y cada uno de esos poderes, encontrar la forma de controlar en cada momento a los representantes elegidos y también de poder revocar esa elección cuando consideremos que ya no nos representan adecuadamente. En definitiva, necesitamos crear un nuevo marco de relaciones políticas.

Un marco que supere una democracia representativa agotada y que dé paso a una democracia participativa, en la que se aúne la democracia representativa con grandes espacios para el ejercicio de la democracia directa. Un marco que posibilite políticas de izquierdas, de derechas o de centro… pero que garantice siempre que esas políticas sean las que quieren la mayoría de los ciudadanos y no las que quieren los gobernantes y poderes económicos de turno.

Tan importante empresa exige que cambie la forma de pensar de muchos políticos. Que dejen de meter mierda, de asustar a los ciudadanos con los “terribles males que nos bajarán del cielo si le tocamos una coma a esa nueva tabla de la ley”, de hacernos creer que la Constitución no se puede tocar por “cosas que solo ellos saben pero que los demás no podemos entender” salvo que lo dicte la Unión Europea o los mercados (se ve que esos aún saben más que nuestros políticos y por eso ellos le hacen caso).

Ahora son otras vidas, otros problemas y algunas cosas que están en la Constitución ya no nos sirven (pero la seguimos amando).

No debemos tener miedo a esa reforma. Las reformas políticas solo desestabilizan cuando no se sabe lo que se desea hacer o se aprueban al margen de los propios ciudadanos.

Me gustaría que se diseñase un nuevo marco democrático construido de abajo a arriba, que los partidos políticos volviesen a ser los mediadores entre democracia, ciudadanos y Constitución (retocada y renovada para ponerla al día), que no se escondan tras la socorrida “falta de consenso entre partidos” para dejarlo todo como está ahora.

Estos son otros tiempos y lo importante es dar curso a unas demandas ciudadanas que afortunadamente han optado por más democracia. En mi caso pienso contribuir al debate desde estas páginas, así que las próximas publicaciones serán sobre este tema. Quiero aprovechar que en los próximos meses el debate político estará a tope porque todos los partidos mayoritarios se reunirán para revisar y poner al día sus respectivos idearios.

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