¿Qué demonios es eso del Estado del Bienestar?

El Estado del Bienestar es “esa cosa” que todos los políticos prometen defender, para a continuación decirnos, apesadumbrados y con ojos llorosos, que es imposible hacerlo porque la sociedad crece y crece, la esperanza de vida también, las necesidades son infinitas… y “claro está, esto no hay presupuesto público que lo resista”.

Pero cuáles son esos gastos tan tremendos que no es posible sostener con los impuestos que paga la clase media española, la única que de verdad paga impuestos porque entre los ricos abundan los “optimizadores fiscales” y los“capturadores de renta” y los pobres no los pueden pagar.

Podemos decir que existe un consenso casi generalizado en considerar que los pilares básicos que definen al Estado del Bienestar son unos determinados servicios públicos de gran calidad y pagados con dinero de nuestros impuestos que hacen posible tener una educación de calidad, una protección universal de la salud y de las personas dependientes o en riesgo de exclusión social, y unas pensiones que nos garanticen una buena calidad de vida cuando ya no podamos trabajar.

Además de estos, hay otros gastos que son indispensables para proteger el Estado de Bienestar, como el gasto en fuerzas de seguridad y emergencias o el más básico de todos ellos, y sin embargo el más olvidado, el gasto en justicia. Está claro que no existen los derechos si no podemos ejercerlos y disfrutar pacíficamente de ellos, así que sí, que la justicia y la seguridad son imprescindibles para mantener el Estado del Bienestar.

Pero eso es solo una parte de lo que pagamos cada año en impuestos ¿Qué pasa con el resto del gasto público? ¿Todo el montón de gastos dispares que existen en todos los niveles de gobierno forman parte del Estado del Bienestar y deben ser sostenidos por los impuestos que pagamos todos o forman parte de una mayor calidad de vida general, cuya financiación puede ser pública, privada, o mixta?

Aquí entramos ya en un terreno de discrepancia ideológica profunda.

Prácticamente todos los partidos políticos mayoritarios tienen bastante claro que hay que defender el Estado del Bienestar articulado sobre esos pilares básicos de los que antes hablaba. Aunque discrepen en la forma de gestión (unos defienden la provisión pública, otros la privada y otros la mixta) de esos servicios, no tienen diferencias sobre el hecho de que deben ser sostenidos mediante financiación pública pagada por todos nosotros.

En cuanto al resto de los derechos económicos y sociales reconocidos en la Constitución, las opiniones son tan dispares como partidos existen, yo diría que casi como ciudadanos existen, y van desde los que piensan que no tienen nada que ver con el Estado del Bienestar hasta los que creen todo lo contrario.

En lo que creo que todo el mundo estará de acuerdo es en que nada tienen que ver con el Estado del Bienestar el empeño en mantener organismos duplicados o triplicados para una misma función, las administraciones paralelas, las subvenciones sin control…

 

EL LABERINTO DE LOS IMPUESTOS Y DEL GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA

Viene todo esto a cuento de la locura que son, en estos momentos, tanto el sistema impositivo como el maremagnum de instituciones y organismos públicos que hacen con nuestros impuestos lo que les viene en gana, incluyendo el vaciamiento del dinero de los presupuestos que deberían dedicar a esos pilares básicos del Estado del Bienestar que todos defienden, y el desvío de esos fondos hacia otro tipo de gastos “más acorde con sus gustos e intereses” por decirlo de forma suave.

Aquellos que crean que cada año el dinero público presupuestado para sanidad, educación, etc., de verdad sí que se gasta todo en eso que dice en los papeles o se han caído de un guindo o no tienen ni puñetera idea de cómo funcionan los ministerios, consejerías y delegaciones de Hacienda de las respectivas administraciones públicas y cómo y con qué arte dominan el juego del camuflaje.

Desgraciadamente ser un cínico y engañar sistemáticamente a los ciudadanos no es delito ahora en el este país. Sí lo era al principio de la democracia y en el anterior código penal existía un delito que castigaba el desvío de los fondos presupuestados cuando una autoridad pública los gastaba en otras cosas no previstas sin que esos cambios hubieran sido aprobado por los parlamentos o los plenos correspondientes. Otro control que desapareció oportunamente de la ley cuando los dirigentes se dieron cuenta de que “necesitaban” gastar el dinero público en cosas más interesantes para ellos, como, por ejemplo, en contratar a gente afín en las administraciones y empresas públicas.

Pero tan importante como es adelgazar a las administraciones públicas, para poder recuperar y profundizar en el Estado del Bienestar que casi todos queremos, lo es acometer una profunda reforma de nuestro sistema impositivo, incluyendo dentro de él también a la Seguridad Social, que no deja de ser un impuesto puro y duro al factor trabajo dentro del sistema productivo.

Tenemos un sistema impositivo kafkaiano, con impuestos de todo tipo y de distintas administraciones que aquí también juegan a “dónde está la bolita” y además con poquísima responsabilidad fiscal.

En España hay administraciones que recaudan y dan la cara, y muchas veces a sus gobernantes se la parten (electoralmente hablando, aunque no siempre), como son los ayuntamientos y la administración central. Sin embargo, hay otras administraciones que tiran con pólvora ajena, que no dan la cara ante los ciudadanos a la hora de recaudar, pero se pasan el día pegándose entre ellas y llorándole al gobierno central (cuando no, quedándose con lo que debería llegar a los ayuntamientos) para conseguir más ingresos para gastar después en lo que les parece bien, como son las diputaciones o las comunidades autónomas, así como toda la administración institucional.

Creedme (sé de lo que hablo, soy funcionaria de Hacienda y antes fui funcionaria de la Seguridad Social y también he pasado por puestos públicos que me han enseñado las tripas de los ingresos y gastos públicos) cuando os digo que todo está diseñado para que sea prácticamente imposible hacer la cuenta de lo que pagamos en impuestos de todo tipo cada año.

Si fuese fácil saber lo que ingresamos a lo largo del año, lo mínimo que nos pasaría es que entraríamos en una profunda depresión colectiva al ver que los impuestos se llevan bastante más de la mitad de nuestro sueldo anual o de nuestros ingresos como autónomo y más de un tercio si somos pensionistas.

El sistema impositivo español es profundamente injusto y, además, que carece de controles ciudadanos por su gran dispersión y opacidad.

¡Encima van y nos dicen, sin pestañear siquiera, que con todo lo que pagamos no se puede mantener el Estado del Bienestar!

Año tras año nos suben los impuestos por nuestro bien, porque nos tienen que proteger de los vaivenes de la vida, preparar a nuestros hijos para un futuro mejor, pagar las pensiones de los mayores… Y cuando eso no cuela (porque no cuela viendo como está todo) nos sacan a “Europa” o directamente a la Merkel, para que nos meta el miedo en el cuerpo.

 

¿Hay alguna forma de parar esto? La mala prensa de los impuestos finalistas

Tengo clarísimo que sí la hay, solo que, como en otras muchas cosas, hay que apartarse de lo políticamente correcto, del pensamiento único. Poner en cuestión los mantras que nos repiten constantemente desde esos aparentes consejos de “aparentes” sabios que nos machacan constantemente con lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto.

El pensamiento políticamente correcto o mejor dicho: “impositivamente correcto”, dice, y repite hasta la saciedad, que los impuestos no deben de ser finalistas nunca. Lo que traducido al lenguaje de nuestro bolsillo significa que cada gobierno debe poder hacer con nuestro dinero lo que estime conveniente para conseguir eso del “bien general”.

En España los impuestos finalistas constituyen una excepción y solo se pueden establecer para financiar un gasto público muy concreto. Son tan excepcionales porque dicen que van en contra de la función del impuesto como recurso de carácter general, y que de esa forma se rompen las prelaciones o prioridades que deben orientar al gasto público.

De hecho la Ley General Tributaria establece que el rendimiento de tributos del Estado se destinará a cubrir sus gastos generales, a menos que, a título excepcional y mediante una Ley, se establezcan una afectación concreta.

¿Os parece que la preocupación de nuestros políticos al gestionar el dinero publico es el bien general? A mí no. Además, me pregunto por qué puñetas tengo que creer que van hacer lo que nos prometen en sus programas electorales cuando nos mienten sistemáticamente para conseguir nuestros votos y también nos siguen mintiendo después.

Nos mienten tanto que cuando vemos con nuestros propios ojos que se están desmantelando los servicios públicos que son los pilares del Estado del Bienestar, ellos siguen saliendo en los medios de comunicación con una sonrisa de oreja a oreja diciendo que están blindándolos, y que nadie nos los va a poder desmantelar.

¿Sabéis cómo estarían de verdad blindados los servicios públicos del Estado del Bienestar?

Pues justo al revés: cambiando el sistema impositivo generalista actual por un sistema impositivo mayoritariamente finalista, donde tengamos claro que cada pilar del Estado del Bienestar recibe nuestro dinero antes que ningún otro gasto general.

¡Sí señor, soy una hereje impositivo-financiera! ¡Que le vamos hacer!

Pero yo estaría mucho más feliz y menos preocupada si un porcentaje fijo de mis impuestos fuese directamente al mantenimiento de los servicios básicos del Estado del Bienestar sin que ningún gobierno pudiera meter mano en ellos. Igual que ahora con la Seguridad Social: un porcentaje directamente para sanidad, uno para educación, uno para justicia…

También sería más feliz si me dejarán decidir cada cierto tiempo qué otras cosas deberían de ser financiadas con impuestos generalistas, o cuáles otras deberían ser financiadas por aquellos que van a tener un beneficio directo de las mismas, o cuáles tener una financiación mixta pública/privada o una pública retornable, o qué otras que ahora se financian públicamente deberían de ser financiadas privadamente. Y digo cada cierto tiempo, porque entiendo que estas son cuestiones que varían no sólo en base a la ideología que tengan los gobernantes de turno sino también según la evolución económica y sus altibajos en cada territorio.

Por último, me haría enormemente feliz saber en qué se gasta cada administración nuestro dinero ¿Quién ha sido contratado, dónde y para qué? ¿Quiénes han recibido subvenciones, para qué y qué beneficio social han tenido? ¿Cuántos y cuáles son los trabajadores públicos, qué hacen y para que están en cada administración?…

En resumen, creo que hace falta entrar a fondo en el examen de todo el sistema de ingresos y gastos públicos y, por supuesto, abordar cuanto antes su modificación desde una perspectiva totalmente distinta de la actual.

También hay que simplificar al máximo el sistema impositivo para hacerlo transparente, que cada ciudadano sepa cuánto paga de verdad cada año en impuestos, conseguir que los impuestos sean mayoritariamente finalistas, y que sean recaudados y gestionados por la administración concreta que pueda prestar cada servicio de forma más flexible y más eficiente (En Suecia prácticamente el grueso de la sanidad y la educación es prestada por la administración local, que es la que recauda los impuestos para mantenerlas, y son servicios de primera).

Hacer transparentes también todos los gastos de cada servicio público, para saber cuánto dinero de nuestros impuestos se ha invertido en el servicio efectivamente prestado a los ciudadanos y cuánto recursos se han utilizado en el simple mantenimiento de la estructura administrativa. Nos sorprenderíamos, para bien y para mal.

Y ¡por lo que más quieran! que cambien de una puñetera vez la Ley de Protección de Datos, que, tal y como está ahora mismo, para lo único que sirve es para que los gestores públicos se escondan detrás de ella para no dar información de nada, mientras por Internet ya pululan todos nuestros datos, porque son las propias administraciones públicas las que están obligadas legalmente a publicarlos en determinadas circunstancias.

Si consiguiésemos todo esto tendríamos unos servicios públicos a la altura del Estado del Bienestar que queremos y podemos tener. Y pagando bastante menos impuestos, con lo que haríamos muy felices a las clases medias ahora empobrecidas y vapuleadas no solo por la crisis sino también por un sistema impositivo injusto.

Eso sí, lo mismo tendríamos bastantes menos políticos y prácticamente ningún ciudadano “capturador de renta” u “optimizador fiscal” (pero que seguiría siendo rico, seguro); y, desde luego, tampoco tendríamos ciudadanos sufriendo los terribles efectos del desmantelamiento del Estado de Bienestar. ¿Qué se le va a hacer? No podemos tenerlo todo, ¿verdad?

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