No voy a hablar de la actividad institucional que desarrollan los políticos, porque en ese caso sí existen leyes y normas cuya aplicación es controlada por el Poder Judicial, y aquel que se las salta paga por la chorizada, chulería, negligencia, estupidez, locura, incluso por su ingenuidad (si es pillado, claro está) como pasa con cualquier otra actividad delictiva o negligente.

Voy a referirme a la actividad política más primaria que existe en nuestras democracias representativas. Esa trastienda cuyo funcionamiento no conocen la mayoría de los ciudadanos y que es donde se concentra el poder de verdad: el interior de los partidos políticos. ¿Creéis que los lobbies económicos gastarían un solo euro en comprar voluntades políticas si el poder no estuviese realmente en manos de los políticos?

Otra cosa es el buen o mal uso que se haga de ese poder o cuán corrompidos estén, que lo están, determinados dirigentes.

El poder político interno es un poder por el que muchos están dispuestos a matar, metafóricamente hablando (o no).

¿Alguien cree a estas alturas, que las peleas tan despiadadas por controlar la estructura interna de los partidos en España es por idealismo? Ainss, no me seáis ingenuos.

Quien controla el poder interno dentro de un partido mayoritario controla el mundo institucional, es decir, controla el dinero público (470 mil millones de euros de gasto público en 2015, 10.136 euros por habitante) y las voluntades personales. Ambas cosas le permiten retroalimentar ese mismo poder. Además, no hace falta ganar unas elecciones para tener poder institucional, porque hay miles y miles de puestos reservados a la oposición en los organismos e instituciones públicas (más el “reparto equitativo” de puestos de trabajo público “reservados a enchufados” en todas las escalas de las Administraciones).

Nuestro sistema electoral pone en manos de las estructuras internas de los partidos (muy pequeñas y elitistas, como todos conocemos) un poder indirecto pero inmenso: el poder de decidir qué personas concretas van a ocupar cientos de miles de cargos institucionales. A continuación, muchos de esos cargos nombrados pondrán al servicio del que los ha elegido el poder institucional que reciben. Es una espiral que se retroalimenta indefinidamente.

En España son miles y miles de cargos institucionales (más de 75.000 solo los elegidos en los diversos procesos electorales: municipales, autonómicas y generales), y un número imposible de averiguar, pero bastante superior al anterior (sobre 450.000), los cargos elegidos a dedo y basados en la confianza; desde ministros, consejeros, secretarios generales, directores generales, asesores…, a cargos ejecutivos de todo tipo en empresas y organismos públicos, incluido en el sistema financiero.

Eso sin contar con los altos cargos funcionariales que también son de libre designación (sobre todo en las administraciones autonómicas, las más nuevas y más “descontroladas”) y que se eligen en muchas ocasiones solo por cercanía política y no por sus méritos técnicos.

Todos estos cargos públicos, que manejan cientos de miles de millones de euros cada año, son elegidos “a dedo” y, por lo tanto, en teoría estarían “obligados” a obedecer las consignas del partido al que pertenecen (no todos y no siempre lo hacen, claro está). O, al menos, eso suelen creer los elegidos: que son consignas del partido, me refiero. Yo siempre lo he puesto en duda, habida cuenta de que esas consignas suelen venir en forma de llamadas de alguien que habla en nombre de otro alguien, y desde luego nunca suele tratarse de cuestiones previamente analizadas y debatidas en los órganos internos de forma reglamentaria. Más bien se trata de cuestiones que solo benefician a aquellos que tienen el poder interno y que responden a sus intereses particulares.

¿Es eso poder o no es eso poder? Para mí que ese es el único y verdadero poder. Un poder que se puede usar bien o se puede usar mal. Que algunos políticos pueden vender por un simple” plato de lentejas” (una invitación a cualquier sarao exclusivillo o poco más, triste pero cierto) o por muchos millones (más triste pero igual de cierto).

 

Dicho esto, todos deberíamos saber que hasta el momento ese poder tan inmenso ha quedado fuera de cualquier control legal. No está sometido al Derecho. Hasta ahora, ningún juez ha controlado que los partidos funcionen de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, que respeten sus propias normas internas y que su funcionamiento sea democrático, como manda nuestra Constitución.

Creo que ha llegado el momento de que los jueces hagan su trabajo, que no es solo el control de la corrupción institucional, sino también de la corrupción interna de los partidos, que retuercen sus propias normas o se las salta alegremente, cuando le conviene al dirigente de turno. El control de legalidad evitaría los tremendos perjuicios que para el buen gobierno de nuestras instituciones está ocasionando el mal funcionamiento interno de los partidos.

Al fin y al cabo, que alguien se venda al mejor postor va a depender siempre de lo honrado que sea, pero también de lo fácil que le sea escapar al castigo y de si ese castigo es grande o pequeño, vamos, de si le merece la pena arriesgarse a no.

Hasta ahora no ha habido castigo para los “killers políticos” ni para todo tipo de “depredadores” que anidan en las estructuras internas de los partidos y que manejan las normas a su antojo y en su propio beneficio.

 

En estos momentos, hay al menos dos jueces que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar todo esto, uno el titular del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza (demanda civil interpuesta por supuestas ilegalidades e irregularidades cometidas en el comité federal del PSOE) y otro el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid (denuncia penal contra varios cargos socialistas).

La responsabilidad de estos jueces es enorme, ya que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el curso de nuestra historia mucho más allá de lo que seguro que ni siquiera piensan. Pero me temo que aún son mayores las presiones que están recibiendo para que se olviden de todo (archivando la demanda civil y la denuncia penal) en lugar de dejarlos seguir hasta el final deseable: que de una vez por todas se determine cuál es el alcance legal del poder de los cargos internos en los partidos, cuáles son sus límites legales, y si pueden o no hacer cualquier cosa.

¿Sabéis cuál es la consigna más repetida desde dentro de ese mismo partido sobre este tema? Sí, lo habéis adivinado, es: “Judicializar la política no es bueno para el partido y lo está rompiendo, deberíamos expulsar a los afiliados que han denunciado a nuestros líderes”. ¡Valiente estupidez! Cuando un político se salta las normas no está haciendo política, está haciendo una “chorizada”. Cuando un paciente denuncia a un médico por negligencia no está judicializando la medicina, está denunciando un delito.

Me pregunto por qué razón creen los líderes de los partidos que pueden hacer lo que les venga en gana, que las normas no les afectan como al resto de las personas y que están por encima del Derecho y de la propia Constitución. ¿No será porque hasta ahora sí que han estado, y siguen estando, por encima del bien y del mal?

Deberíamos ir pensado, de una vez por todas, en cambiar esto. Dándole medios, pero también exigiéndole, al Poder Judicial que ejerza su función de control jurisdiccional, que es su único fin y la única legitimación de su poder. Diciéndoles a los jueces que no le tengan miedo al poder de las élites dominantes de los partidos políticos, que los ciudadanos estamos de su parte y que también lo están la mayoría de los ciudadanos que en algún momento de su vida se dedican a la política por vocación y están también más que hartos de esas élites dominantes.

Mientras los jueces no acaben con esa impunidad ninguna ley aprobada podrá acabar con la corrupción política. Necesitamos imperiosamente que la política deje de ser la única actividad humana no sometida al Derecho.

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